Conocidos popularmente en Colombia como “falsos positivos”, las Ejecuciones extrajudiciales o “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, fueron una de las formas en que se puso en práctica la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010) quien, con el argumento de la lucha contra la insurgencia, exigió a las Fuerzas Militares resultados, esto es, bajas en combate. Las Fuerzas Militares, ante la urgencia de resultados, respondieron con la ejecución extrajudicial de miles de jóvenes pobres, a quienes ofrecían propuestas de trabajo, para después ejecutarlos y camuflarlos con prendas del Ejército, o aparentemente, de las fuerzas insurgentes o guerrillas armadas. Luego de varios meses de búsqueda, las familias de los jóvenes desaparecidos de Soacha son citadas, el 23 de septiembre de 2008, por el Instituto de Medicina Legal, para informarles sobre los trámites para la identificación de cuerpos que coincidían con las características físicas de sus hijos desaparecidos, identificados como guerrilleros abatidos en combate, hallados en una fosa común en Ocaña – Norte de Santander. Momento en el que los medios de comunicación, que cubrían otra noticia, se percataron del hecho común en las familias: todas madres de jóvenes habitantes del Municipio de Soacha, cuyos hijos habían desaparecido y habían sido encontrados en una misma fosa común, identificados como guerrilleros abatidos en combate, razón por la cual se les atribuyó el nombre de las Madres de Soacha. La atención de esta tesis se concentra en las prácticas micropolíticas que realizan las Madres de Soacha para esclarecer y hacer memoria de la situación de sus hijos ejecutados.