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Luego de las famosas protestas contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle, en 1999, y en el marco de un continuo crecimiento del nivel de involucramiento de las organizaciones no gubernamentales en las más diversas actividades de producción normativa internacional, la academia jurídica comenzó a debatir con mayor intensidad la regulación de los espacios destinados a la participación de la sociedad civil. En un informe publicado en 2012, el comité de la International Law Association (ILA) que estudia el rol de los actores no estatales en el derecho internacional relevó la normativa vigente y concluyó que estos grupos "pueden no tener (?) un derecho general de acceso y participación" a la creación de derecho internacional, pero que "se puede decir que existe al menos una expectativa de que los actores no estatales sean incluidos en estos procesos deliberativos". Pese a la redacción optimista, el informe refleja una percepción tradicional, que es aún hoy compartida por muchas abogadas y abogados internacionalistas: que, pese a que la inclusión de actores de la sociedad civil en el proceso de creación de derecho internacional puede ser algo deseable, esta participación no es todavía jurídicamente necesaria.El objetivo de esta tesis es poner en cuestión esta percepción tradicional, es decir, estudiar si es cierto que la sociedad civil no tiene un derecho a participar en la creación del derecho internacional. Se trata de una pregunta de carácter eminentemente jurídico: la propuesta no es analizar lo que efectivamente ocurre con estos actores -como podría hacer un sociólogo, o un antropólogo-, ni lo que debería ocurrir idealmente -como podría considerar un filósofo político-; la propuesta, en cambio, consiste en estudiar las normas internacionales actualmente vigentes para entender qué establecen respecto de la participación de la sociedad civil. La hipótesis que guía a esta tesis, y que exploraré siguiendo todos estos pasos, es que la sociedad civil efectivamente tiene un derecho a participar en la creación de la normativa internacional. Este derecho se constituye, según sostendré, a partir de tres fuentes. Primero, una fuente convencional: el artículo 25(a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le otorga a cada ciudadano "el derecho y la oportunidad (?) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos". Segundo, una fuente consuetudinaria: argumentaré que las numerosas instancias en las que los Estados han permitido esta participación, combinadas con una serie de declaraciones en torno a la importancia de la inclusión de la sociedad civil permiten inferir la emergencia de esta costumbre internacional. Y, tercero, un principio general de derecho, que guía a las y los intérpretes a inclinarse por aquella lectura de las normas que sea más proclive a la inclusión de las personas potencialmente afectadas por una norma en el proceso de su creación. El derecho resultante de la combinación de estas tres fuentes tiene, según mi argumento, dos niveles de abstracción. Existe un primer nivel, más abstracto, en el cual el derecho opera como un principio que obliga a los Estados a ampliar progresivamente los espacios de participación, volviéndolos más inclusivos. Y luego, existe un nivel más concreto, con reglas puntuales que otorgan derechos específicos de acceso, garantías y voz a ciertas organizaciones del ámbito de la sociedad civil.

Plantea la problemática surgida a raíz del incumplimiento de la cláusula constitucional que atribuye al Congreso Nacional el deber de dictar el Código de Derecho del Trabajo. Dicha cláusula se adhirió con la enmienda de 1957 (antes la Constitución de 1949 disponía dictar el Código de Derecho Social) y luego se mantuvo con la reforma de 1994. Sin perjuicio de ello, existe una mora legislativa en este aspecto. El estudio tiene por objetivo determinar si la validez epistemológica de dicho mandato mantiene su vigencia con el marco social o bien ha entrado en crisis y no guarda ya correspondencia con la realidad del entorno laboral. Indaga si la Codificación es un destino de la disciplina o su sostenimiento constitucional se ha convertido en una verdadera utopía.

En este trabajo nos proponemos investigar y reconstruir la teoría política de Immanuel Kant (1724-1804). Para esto, a partir fundamentalmente de sus textos políticos de la década de 1790 investigaremos, entre otros puntos, cuáles son los fundamentos conceptuales y los principios normativos regulativos que estructuran la filosofía jurídica y política de Kant, cuáles son los argumentos (o los tipos de argumentación) para la justificación de estos principios normativos que podemos encontrar en esos textos, y cuáles son las problemáticas y cuestiones originales que ellos plantean en relación con algunos tópicos presentes en el pensamiento político de la Modernidad. Nos referimos, entre otras cuestiones, a las asociadas a la especificidad del contractualismo kantiano (por ejemplo, cómo describe Kant el “estado de naturaleza” y cuál es el problema político que esta descripción plantea, cuál es la particularidad de la necesidad práctica del exeundum kantiano, qué tipo de institución política queda instaurada con el pacto social, etc.), al modo en que Kant concibe la autoridad política y su legitimidad, al tipo de justificación que su teoría jurídico-política ofrece para el establecimiento de los principios jurídicos normativos que habrán de regular el empleo del poder coactivo de la autoridad política en un estado, a cuál debe ser el alcance de los derechos políticos de los ciudadanos y cómo ha de entenderse la libertad-autonomía política frente a la necesidad de garantizar libertades sustantivas universales, y viceversa, a cuál debe ser la ordenación de prioridad normativa de los diferentes conjuntos de derechos de los que gozan los ciudadanos kantianos, a de qué modo debemos entender la relación entre el alcance de la soberanía de la “voluntad general” popular y la existencia de principios jurídicos racionales válidos a priori, y, finalmente, a de qué modo una teoría política de la justicia a nivel estatal puede proveer criterios normativos para la elaboración de una teoría de la justicia internacional que intenta garantizar una paz permanente y proteger los derechos de todas las personas a través de las fronteras nacionales.

Introducción: Esta investigación está dedicada al estudio dogmático del derecho fundamental de acceso a la justicia, es decir, a proponer una interpretación novedosa del significado, de los alcances y de las consecuencias de ese derecho que tiene todo individuo de obtener del sistema de justicia una respuesta efectiva a sus reclamos y, al mismo tiempo, el trabajo de pesquisa se orienta a determinar cuál ha sido el tratamiento recibido desde una perspectiva jurisprudencial en los distintos ordenamientos jurídicos relevantes para nuestro sistema de justicia. De este modo, la hipótesis de trabajo planteada y que desarrollaremos durante esta investigación, es aquella por la cual entendemos que, el derecho de acceso a la justicia, desde la perspectiva de su naturaleza jurídica, es un derecho fundamental y que, si bien desde el punto de vista del derecho positivo no ha sido recogido expresamente ni en la Constitución Nacional ni en los tratados internacionales de derechos humanos, el contenido del derecho se encuentra recogido implícitamente en la normativa jurídica mencionada...

En este trabajo se propone analizar la importancia estratégica de la utilización del derecho, como herramienta de transfomiación social, y su importancia que su ejercicio reportará en el colectivo mujeres, para que este cambio sea posible, sea utilizándolo corno herramienta dentro del sistema administrativo o judicial. Se concluye la necesidad de un cambio social y el aprendizaje de las mujeres, en el uso de las herramientas sociales y legales para obtener desde el reconocimiento legal un cambio, un reconocimiento real y efectivo, de todos/todas, para todos/ todas.

La tesis versa sobre la identidad de género en infantes y adolescentes. El Derecho Internacional de los Humanos se erige como fundamento del reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano. La tesis realiza un minucioso análisis sobre las normas que fundamentan la identidad de género a nivel internacional, así como los principales derechos vulnerados a poblaciones infanto-juveniles trans. Finalmente, la tesis incluye un trabajo de campo consistente en distintas entrevistas a profesionales de la salud, a integrantes de la sociedad civil y a familias de infancias trans.

El objetivo principal de esta investigación se centra indagar en la importancia del derecho humano a la información accesible de las personas con discapacidad intelectual y su influencia en el proceso de toma de decisiones a la luz del” Modelo Social de la Discapacidad”. El autor entiende que la información que los seres humanos obtenemos de nuestro entorno, resulta ser la base de ese proceso, que nos va a permitir la posibilidad de ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Este comienza desde el nacimiento y dura a lo largo de toda nuestra vida, pasando por varias etapas distintivas; la identificación del problema, la búsqueda de las elecciones posibles, la elección propiamente dicha, la puesta en práctica de la solución elegida y la posterior evaluación de los resultados. El cotidiano ejercicio de este proceso, nos va a otorgar la posibilidad de contar en nuestro foro interno con una diversidad de estrategias para enfrentar distintas situaciones. Nacemos preparados para construirnos a nosotros mismos de acuerdo con la experiencia, sumatoria de la información que obtenemos de nuestro alrededor de la cual obtenemos información de nuestro entorno, que nos permite la posterior puesta en práctica de esos conocimientos, que no es ni más ni menos que el chequeo constante de la información obtenida, su recepción, elaboración y respuesta. Así se va a consolidar el proceso de individualización de la subjetividad y el comienzo de la posibilidad de la generación de herramientas para la autonomía, toma de decisiones e independencia. Cuando nace un niño o niña con discapacidad intelectual en la familia, el sistema familiar va a pasar por distintos tipos de crisis que pondrán a prueba las representaciones imaginarias de la pareja parental sobre aquel o aquella niña que esperaban, y de este modo la estructuración de la subjetividad de su hijo o hija transitará la tensión entre el devenir del duelo de los padres, sus propias representaciones imaginarias individuales y los efectos de la evocación de la memoria colectiva. En este punto clave, estudiaremos cómo la ideología de la “normalidad” que estructura el archivo de la memoria social, será evocada por la memoria individual de cada uno de los miembros de la pareja parental, generando la mayoría de las veces como respuesta natural, prácticas nocivas para con las personas con discapacidad intelectual, que devienen en la ausencia de adecuaciones que conllevan implícitas respuestas sociales que culminan en dispositivos de dependencia. Analizaremos como culturalmente desde Occidente las respuestas sociales para con las personas con discapacidad, pueden ser condicionadas por una estructura homogénea del poder dominante, sustentada en la lógica médico – jurídica, que podría colocar a la persona con discapacidad en el lugar de “objeto de protección” y no como “sujeto” de derechos. Estudiaremos el contexto normativo, sobre el cual se sientan las bases del archivo de la memoria colectiva, y nos centraremos en tres momentos importantes a nuestro criterio en la vida de la persona con discapacidad: su nacimiento, la edad de comenzar su educación y la llegada a la mayoría de edad. Investigaremos los efectos del neocapitalismo sobre las estructuras del Estado, y como habría acompañado la construcción de la exclusión de las personas con discapacidad a partir de reacciones humanas naturales como la dependencia; cómo esta ideología dominante a partir de la década de los noventa en la República Argentina clasificó a las personas con discapacidad como “objetos” a normalizar. Analizaremos como se utilizaron los justos reclamos del movimiento asociativo de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad sobre la postergación de sus derechos, para crear dispositivos de dependencia que “eternizan” la condición de niño o niña de la persona con discapacidad intelectual como forma de producción económica; que serán clave en el fortalecimiento de la ausencia de accesibilidad en la información que recibirán las personas con discapacidad. Analizaremos cómo a partir de estos efectos de la ideología dominante, se podrán construir prejuicios, estereotipos y prácticas nocivas, cuyo principal efecto será la privación en el seno del sistema familiar de las herramientas que permitan a las personas con discapacidad intelectual, tener una imagen corporal necesaria para generar herramientas que le permitan lograr su mayor nivel de autonomía, toma de decisiones e independencia; que luego se replicarán en cada una de las instancias sociales de participación. Se utiliza un diseño no experimental, deductivo, inductivo y circular; con investigación descriptiva en virtud de la selección de teorías y doctrinas que explican que es y cómo se manifiesta nuestro objeto de investigación. Esta a su vez, contará con métodos cualitativos que mediante observación participante y revisión de documental, arrojará datos descriptivos que estudiará a los sistemas familiares en el contexto de su pasado y proyectadas al futuro; se utilizaran entrevistas no estructuradas para la recolección de datos en antropología cultural. Entrevistamos a la gente de modo informal en el transcurso de un día ordinario de observación participante, para luego en una segunda etapa realizar entrevistas no estructuradas, con la intención que las personas puedan abrirse y hablar con sus propios tiempos y términos.

El objeto de este trabajo es la descripción y estudio del derecho a la paz como derecho humano. Hoy en día no hay un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proclame el derecho humano a la paz y tipifique sus violaciones. La investigación nace de la necesidad de determinar jurídicamente el derecho humano a la paz, y definir la relación de este derecho con los demás derechos humanos legalmente reconocidos y jurídicamente exigibles. La dificultad de materializar el derecho humano a la paz. La ausencia de consenso para promulgar el derecho humano a la paz en un instrumento convencional.