El modelo de acumulación post-convertibilidad comenzó a configurarse a través de seis políticas fundacionales que constituyeron un punto de inflexión, quebrando las regularidades del modelo anterior y dando lugar a un conjunto de transformaciones significativas: 1) la devaluación, 2) la implementación de retenciones a la exportación, 3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos, 4) el “salvataje” al capital financiero, 5) el default, y 6) el congelamiento y renegociación de tarifas; a la que luego se le agrega una séptima política, ligada a la inversión pública, que sin ser fundacional comenzó a jugar un papel relevante. Este conjunto de políticas fueron dando origen a un nuevo modelo de acumulación evidenciando un conjunto de rupturas y continuidades en las variables económicas que se vincularon, asimismo, a cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios. En este contexto emergió una fracción productivo-exportadora como principal beneficiaria del modelo post-convertibilidad, ocupando un lugar central en el mismo, ligándose también con la consecución del doble superávit, comercial y fiscal, que funcionan como pilares de sustentabilidad del modelo. Esta fracción, compuesta por distintos núcleos ligados a la extracción y procesamiento de recursos naturales, como las empresas de hidrocarburos, minería y agro-industrias, así como a las terminales automotrices y segmentos de las industrias química y siderúrgica, se vio potenciada por la política de tipo de cambio, la caída del costo laboral y los altos precios de los commodities en el mercado mundial, presentando niveles de rentabilidad, ventas y crecimiento destacados en el período. Asimismo, la política cambiaria generó un marco de protección para el desarrollo de las PyMEs, impulsando la recuperación y creación de nuevas empresas de relevancia en la creación de puestos de trabajo, presentando rentabilidades superiores a la década previa, al mismo tiempo que se amplió la brecha de rentabilidad respecto de las grandes empresas. Por otra parte, los conglomerados financieros vieron perjudicadas sus posiciones con la salida devaluacionista y pesificadora pero comenzaron a recuperar sus rentabilidades a partir de las transferencias gestadas en el plan de “salvataje” de 2002 y luego, con la salida del default. Finalmente las empresas de servicios públicos privatizadas aparecen como las principales “perdedoras” dentro de la clase dominante, en tanto la acción estatal regula el precio de los servicios imponiendo un esquema de 8 precios relativos favorable a la producción de bienes transables. Las clases subalternas ven fuertemente afectadas sus condiciones de vida por el impacto inflacionario de la devaluación en 2002 que licuó el salario real y llevó a niveles históricos el desempleo, la pobreza y la indigencia. A partir de 2003, un conjunto de políticas progresivas tendieron a recomponer los ingresos de las clases subalternas pero, al mismo tiempo, se incrementó su heterogeneidad y fragmentación, mostrando límites en materia de distribución funcional. Estos cambios en las relaciones de fuerza fueron estabilizados a través de la constitución de un sistema de transferencias de recursos orientados desde la acción estatal, con el fin de recomponer el equilibrio de compromisos inestables entre las fracciones de clase y alcanzar un momento hegemónico. Sin embargo, algunos rasgos propios del modelo, ligados por ejemplo a la forma de inserción en el mercado mundial, la persistencia de una matriz productiva desestructurada, las limitaciones en materia de productividad de las PyMES y las características de concentración y extranjerización de los agentes dominantes, tienden a presentar un conjunto de tensiones ligadas al proceso inflacionario y a la vulnerabilidad externa, limitando complementariedades posibles con los agentes de las clases subalternas.