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La teoría de los modelos mentales supone que los humanos al razonar construyen modelos y buscan alternativas (no en forma aleatoria, pero tampoco de manera totalmente sistemática). Johnson-Laird sostiene que los sujetos si tienen dificultades con los silogismos más difíciles, buscan modelos alternativos para clarificar las premisas y sus conclusiones. Aristóteles también para analizar la corrección de una deducción silogística buscaba interpretaciones (modelos) que clarificaran si esa forma era correcta. Para responder mi interrogante al respecto realicé una experiencia con un grupo de alumnos de los Cursos de Ingreso a las Facultades de Ciencias Exactas e Informática. Esta experiencia pretendió ser similar a las realizadas por Johnson-Laird, Wason y Byrne): poner a los individuos ante una serie de premisas (de distinta complejidad) y que ellos sacaran conclusiones. En el experimento realizado he podido observar que la complejidad de la Tarea influye en toda la población. Si el lenguaje no es el cotidiano no influye en los individuos con conocimientos previos en Lógica. Influye negativamente la información superflua en todos los grupos por igual. El tiempo no es una variable importante. No habría una Lógica formal interna en todos los individuos, al menos que "funcione" de igual modo. Esta opinión es coincidente con la expresada por Johnson-Laird en su trabajo.

Introducción: El trabajo de investigación parte de la exposición sintética de los orígenes de la disciplina del derecho de daños y de los antecedentes nacionales y extranjeros. Luego se ilustrara sobre la evolución específica en la argentina. Trascartón se abordarán las cuestiones técnicas, jurídicas, sociales y económicas que llevaron a la crisis actual, el análisis de la nueva revolución digital y tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial, dando lugar a nuevas hipótesis dañosas, como los vehículos autónomos y los robots, direccionándose, en último término, hacia los posibles modos de abordajes legislativos de la realidad actual del derecho de daños con la aparición de novedades.

El Trabajo Final Integrador se inscribe en el campo configurado a partir de la intersección entre derechos humanos y universidad pública, tomando como referencia el análisis de la experiencia institucional construida en el área específica de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata, desplegada en el período 2008-2018. La temporalidad definida para este análisis situacional reconoce que, si bien el tema de los derechos humanos ha estado presente en gran parte de la historia de esta Universidad, alcanzando un primer momento de institucionalización en 1998, con la creación del Área de gestión específica, es a partir del año 2008, con la reforma del Estatuto, que la misma adquiere mayor jerarquía y visibilización como dimensión transversal. Es decir, en ese momento la comunidad universitaria instituyó una marca material y simbólica insoslayable, al reafirmar el compromiso con los valores democráticos y republicanos, con la soberanía, la independencia nacional y la unidad latinoamericana. Asimismo, este nuevo ordenamiento, definió a la educación superior y al conocimiento como un bien público y social, que debe propiciar el ejercicio de las libertades fundamentales, reconociendo la plena vigencia de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Desde esta aproximación introductoria, las indagaciones desarrolladas en este Trabajo Final Integrador analizan, de manera situada, las estrategias de promoción y protección integral de derechos desplegadas por el área de gestión específica a través de las diferentes líneas programáticas en el período delimitado, a fin de fortalecer la toma de decisiones y el alcance de las mismas. En ese movimiento, contribuyen a fortalecer y comunicar un sistema de significaciones, desde un discurso que disputa la construcción cultural de sentidos en torno a la educación superior, la gestión universitaria y los derechos, teniendo en cuenta que las instituciones -en este caso la Universidad Nacional de La Plata- dan forma a campos de interacción preexistentes y crean nuevas posiciones que habilitan otras trayectorias en quienes las ocupan.

En materia de información se postula la inexistencia de un deber general de informar. Se ha efectuado una distinción entre deberes típicos y atípicos. En el caso de los denominados deberes atípicos, si bien su fundamento último es el principio de buena fe, para que la obligación de informar sea exigible, es menester tener en cuenta las siguientes circunstancias: Que exista desequilibrio informativo entre las partes; que el acreedor de la información ignore ciertos datos y que le sea imposible objetiva y subjetivamente informarse; que el deudor de la obligación disponga de la misma o que pueda obtenerla a un costo menor o similar al que le insumiría al acreedor; que conozca la relevancia de la misma para su co-contratante. Se entiende también que el deber de información reconoce límites que derivan no sólo del correlativo deber de lealtad que exige no actuar negligentemente, sino del costo de informarse, de la existencia de registros públicos o del derecho al secreto que pueda tener el titular del dato o el que le hayan impuesto sus detentadores. Se ha efectuado una clasificación entre secreto objetivo y subjetivo y se analiza la relación de ambos con el contrato. También se analizan los límites del secreto, en especial el derecho a su revelación o de emitir alertas. Finalmente se concluye que si bien información y secreto parecen términos antitéticos, la prevalencia de uno u otro debe ser analizada en concreto, conciliando ambos términos mediante un juicio de ponderación de los intereses en juego.

Habitualmente, el gasto se expresa en términos reales transformando los valores nominales en moneda constante mediante el uso de algún deflactor. Los deflactores del gasto comúnmente empleados son el índice de precios implícitos del PIB (IPI), el índice de precios al consumidor (IPC) y un índice de precios combinado (compuesto en partes iguales por el índice de precios al consumidor y el índice de precios mayoristas). A partir de utilizar cualquiera de estos indicadores el gasto público en educación en términos reales entre 1998 y 2002 presentó disminuciones muy importantes: 15,8% en el caso del IPI, 11,5% para el IPC y 27,1% para el índice de precios combinado. Sin embargo, ¿presentó el sector educativo una caída en el gasto real tan significativa? ¿qué relación existe entre los bienes y servicios que se incorporan en el cálculo de los distintos indicadores y aquellos que utiliza el sector educativo? Con respecto a estos interrogantes, el primer objetivo del trabajo se relaciona con el análisis de la utilidad de los indicadores usuales para expresar el gasto público en educación en términos constantes. La presunción es que existe una serie de dificultades asociadas a su uso y que en consecuencia la construcción de indicadores más apropiados arrojará resultados distintos. En particular, se plantea que el gasto real del sector no sólo no disminuyó en las proporciones planteadas sino que registró para el período algún incremento. El segundo objetivo, estrechamente vinculado al primero, se basa en la relación entre los recursos reales destinados al sector educativo y el producto de este sector. En este sentido, aislar el impacto de los precios en el gasto, no resuelve el problema de la comparabilidad de las prestaciones en términos cuantitativos. Es decir, si el precio de los insumos utilizados en el proceso de producción educativo no cambia, pero se mejora3 o empeora la eficiencia del servicio a partir de utilizar las mismas cantidades de insumo, esto no se vería reflejado en el gasto nominal o real en los términos antes definidos. A su vez, contar con más recursos reales no implica necesariamente que el producto de la educación aumente. Siguiendo a Dehn, J. et al (2002), “Resulta cada vez más evidente que el nivel de recursos asignados puede resultar en un muy mal predictor de la cantidad y calidad de los servicios públicos”. Así, la segunda parte del estudio considera la evolución del gasto educativo en términos de las prestaciones asociadas a éste. Conocer la relación entre el gasto y el producto de la educación, i.e. la cantidad y calidad de servicios que surge como resultado del dinero invertido en el sector, permite analizar, por ejemplo ¿qué cantidad de alumnos fue posible “educar” con un monto determinado de gasto?, o, que el gasto aumente, ¿significa que se está educando una mayor cantidad de alumnos o que se los está educando con una mejor calidad? Al igual que en el caso anterior, se estudia si el gasto real definido de este modo presentó para el período analizado algún incremento. El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan algunas definiciones relevantes con respecto a la medición a precios constantes y se realiza un breve repaso del sector educativo en la Argentina, focalizando en las características que tuvo en los últimos años en términos de organización y del gasto destinado a éste. La sección 3 analiza los deflactores empleados habitualmente, exponiendo las características y las principales dificultades que surgen al utilizar cada uno. La cuarta sección explora los métodos alternativos para aislar el efecto de la inflación sobre los recursos destinados a la educación. Adicionalmente, comprende algunas consideraciones sobre las diferencias geográficas. La sección 5 se centra en la evolución del producto de la educación; se revisa la definición y el cálculo de éste y se consideran distintas alternativas para incorporar cambios en la calidad. En la sección 6 se utilizan los resultados anteriores para obtener una aproximación hacia la productividad/ eficiencia del sector educativo. Por último, la sección 7 presenta las consideraciones finales.

Esta publicación tiene por finalidad describir e indagar el sistema sancionatorio en general que implica la declaración de quiebra, en especial el régimen penal que el ordenamiento jurídico prevé para sancionar las conductas que han llevado a dicho estado, que se cometen en el marco de un proceso falencial o en otros procesos de naturaleza concursal. Sobre el mismo, resulta curioso que a lo largo de los años exista una disparidad de criterios en cuanto a qué tipo de sanciones deben aplicarse al quebrado, si es que se considera que debe aplicarse alguna. Así, se indaga sobre la evolución habida en los ordenamientos jurídicos, tendientes al paso de la “quiebra-sanción” a la “quiebra-remedio”. Ello demuestra que nos encontramos ante los dos extremos: el represivo, arcaico y hasta tildado de “salvaje, brutal y primitivo” sistema romano, al actual caracterizado por la liviandad de sus sanciones o directamente la ineficacia de las previstas, que podría sintetizarse como que ha pasado “de la picota a la impunidad”. Esto último, no es una cuestión baladí, ya que ha contribuido a consecuencias no queridas, como lo es la proliferación de las denominadas quiebras de papel, la comisión de conductas que configuran verdaderos abusos del derecho en el marco de procesos concursales, entre otros fraudes en claro perjuicio a terceros. Para ello, en la primera parte de esta obra se abordan los antecedentes históricos de la regulación jurídica de la quiebra y los primeros atisbos de los procesos concursales, los antecedentes legislativos en nuestro país y se esbozan algunas consideraciones sobre la regulación de los mismos en el Derecho comparado. Para tal cometido, se pasa revista por los antecedentes que dieron origen mutatis mutandi a lo que hoy consideramos como procesos concursales, en especial sus aspectos represivos, todo ello en pos de comprender la evolución habida y el porqué de la legislación actual. En la segunda parte, se advierte sobre el régimen dual de sanciones y se profundiza sobre el sistema sancionatorio de la ley concursal actual. En la misma, se ahonda en las remisiones y relaciones entre ley concursal con la ley penal, en el actual régimen de inhabilitación falencial -objetivo, automático y de corta duración- en contraposición con el otrora vigente basado en la calificación de conducta del fallido, en las otras sanciones que la misma prevé y sobre las otras previstas en el universo del plexo normativo vigente en nuestro país. Por último, en la tercera parte se expone la faz penal de la quiebra, caracterizándose los delitos relacionados a la falencia y exponiéndose los sistemas legislativos existentes en relación al modo de regular las sanciones penales. Al efecto, se destaca y machaca que desde el punto de vista jurídico no debe considerarse un delito, ni al fallido un delincuente por el mero hecho de quebrar, sino que lo que se castigan son ciertas conductas que han llevado a dicho estado económico o que se ejecutan durante el mismo en perjuicio de sus acreedores. A su vez, se profundiza sobre la importancia del fundamento y del bien jurídico que se tutela con la tipificación de este tipo de delitos. Al propio tiempo, se efectúa un profundo análisis dogmático y exegético de los tipos penales previstos en el Código Penal vigente en nuestro país, se mencionan algunas cuestiones procesales y otras relacionadas con estos delitos, proyectos de reforma de la legislación penal y se exponen algunos textos legales vigentes en el Derecho comparado en relación a los delitos concursales. En especial, en esta última parte se efectúa un análisis crítico, conjunto y paralelo de la normativa penal con la concursal, destacando las remisiones y conexiones entre las mismas, así como efectuando comparaciones, concordancias, destacando los desfasajes y/o discordancias tanto entre las mismas como con legislaciones comparadas, tomando o exponiendo opiniones doctrinarias autorizadas, antecedentes, pronunciamientos de la actividad pretoriana, estadísticas actuales y los últimos proyectos de reforma. Todo ello a los efectos de advertir cuál o cuáles son las causas que conllevan a la evidente ineficacia o inoperancia de las sanciones previstas para los quebrados en general y en particular las de linaje penal, y así contribuir a repensar el sistema sancionatorio previsto para quienes son declarados en falencia, el cual sin hesitación alguna debe ser modificado.

A multi-proxy provenance approach of the Early Cretaceous-Late Cretaceous succession in the northern Neuquén Basin using sedimentology, petrology, detrital zircon U–Pb geochronology and detrital low-temperature thermochronology provides new constrains for the evolution of the Southern Central Andes. The stratigraphic interval studied represents the transition of the Neuquén Basin between the back-arc and foreland stage as the result of acceleration in the absolute movement of South American tectonic plate after the opening of Atlantic Ocean. This resulted in a compressive tectonic regime in the Andean sector and the eastward migration of the orogenic front. The Upper Cretaceous non-marine deposits of the Neuquén Basin have an important regional exposure and characterized as the first foreland basin associated with the early uplift of the Andean orogen at ca. 100 Ma. These deposits are included in the Neuquén Group, a well-studied unit in both the south and central part of the basin and associated with an important paleontological content and as reservoir rock in some depocenters of the basin. However, the northernmost exposed between the Laguna del Diamante and the Atuel River (34°-35°S)-assigned to the Diamante Formationhad not been studied in detail before this work. In the studied area, the Diamante Formation corresponds to a braided fluvial system evolving through time towards a meandering fluvial system possibly as a part of fluvial fan o Distributive Fluvial System (DFS). Petrographic analyses show a predominance of feldspathic litharenite, lithic feldarenite and litharenite, while the source areas are mainly recycled orogen (QFL diagram), mixed and dissected arc (QmFLt diagram). The presence of limestone clasts and fragments of ammonites in the middle part of the stratigraphic sections together with changes in paleocurrents suggest a regional source shift and provenance from the west of the studied area associated with the onset of an important stage of deformation on the west. Detrital zircons from the base of the Diamante Formation were supplied sources from Upper Jurassic and Lower Cretaceous that were exposed during Late Cretaceous times, whereas in the top, a high content of Permo-Triassic detrital zircons indicates exhumation of the surrounding Permo-Triassic crystalline basement. Two maximum depositional ages were obtained, 107.2 ± 1.4 Ma (1σ; n = 4) from the base and 91.1 ± 2.2 Ma (1σ; n = 3) to the top of the Diamante Formation. In particular, the age of 107.2 Mawould indicate that the sedimentation of the Upper Cretaceous non-marine deposits occurred in the Albian at these latitudes (34°-35°S). The comparison between U-Pb maximum depositional ages documented for nonmarine Upper Cretaceous deposits throughout the Neuquén Basin allowed a re-evaluation of the diachronism between the first foreland deposits of the basin. An apatite fission track analysis (AFT) of a sample from the lower part of the Diamante Formation indicated an Albian central cooling age. The sample also showed a notable presence of angular apatite crystals (21%) and a predominance of rounded and sub-angular grains (56% and 23%, respectively). Likewise, it indicates a predominance of sub-angular zircon crystals (28%), with a significant percentage of angular crystals (23%) and to a lesser extent rounded (19%). A zircon fissiontrack analysis (ZFT) of a sample from the upper part of the Diamante Formation yielded two discrete populations of cooling ages, both reflecting source-cooling during the Late Jurassic (~161 Ma) and the Permian (~265 Ma). Finally, comparisons between the AFT and the U-Pb maximum depositional zircon-ages of the same sample revealed a short lag time (ca. 3 ma), likely related to the rapid magmatic cooling of a coeval volcanic source at ~110 Ma (Albian). The results presented in this work suggest coeval volcanic activity during the Diamante Formation deposition. The new data provided indicates a need to re-evaluate the role of the volcanic arc in the Southern Andes during the late Early-Late Cretaceous and its influence over the foreland deposits; as well as a re-evaluation of the timing of the onset of the foreland basin.

En el extremo sur de la Cordillera Principal entre los 35º-36ºLS, los depósitos sinorogénicos y los estratos de crecimiento preservados en los depocentros sintectónicos de antepaís Horqueta, Pincheira y Ventana, registraron la historia de estructuración de la faja plegada y corrida de Malargüe desde el Neógeno hasta el Pleistoceno. Las secuencias sinorogénicas en los depocentros Horqueta, Pincheira y Ventana, alcanzan los 1.200 metros de espesor con depósitos de naturaleza volcánica, volcaniclástica, epiclástica, y en menor medida fluvial a lacustre, representados en las unidades litoestratigráficas Formación Molle, Agua de la Piedra, Butaló, Loma Fiera, Pincheira, Bramón y Coyocho. La evolución tectónica en los depocentros sinorogénicos de antepaís en función de la cronoestratigrafía, geoquímica y análisis de litofacies permite reconocer: (1) Estado inicial de cuenca de antepaís durante el Mioceno inferior. (2) Estado de depocentro de cuña frontal en el Mioceno medio. (3) La instalación de un arco volcánico local en el Mioceno superior y (4) Estado de cuenca de piggy-back durante el Mioceno superior a Plioceno. Los factores de control corresponden a la migración de la faja plegada y corrida de Malargüe con un estilo de deformación mixto hacia el antepaís, en un proceso de horizontalización de la placa subducida.

El objetivo principal de este trabajo es determinar los factores que influencian (i) la elección del sistema de distribución de costos así como los (ii) cambios en los criterios de medición que puedan afectar la calidad del sistema de información, en lo que a los jugadores formados en los clubes respecta, con el objeto de que la información emergente de los estados financieros sirva a sus usuarios para tomar mejores decisiones.