Se trata de una construcción teórica del objeto de estudio expresado en forma de relación ―articulación entre docencia e investigación― cuyo punto de partida y esencial disparador es el constitutivo carácter que le aporta el campo disciplinar del Derecho, con su conformación multiparadigmática, su difusa y reñida delimitación ontológica, sus divergencias teóricas y epistemológicas, sus particulares prácticas académicas y profesionales, y su tradición “profesionalista”. “…Podemos afirmar que las declamaciones acerca de la necesidad de que los profesores se hallen en condiciones de articular docencia e investigación y que tal articulación constituya el nódulo central del fenómeno educativo forman parte incuestionable del actual discurso imperante en nuestras instituciones de formación universitaria. Sin embargo, demasiados hilos se deshilvanan de lo dicho. Tales consensos operan a esta altura de las circunstancias apenas como módicos puntos de partida. Los interrogantes aún son muchos y uno de ellos ocupa los desvelos de la comunidad académica, y la nuestra de modo particular: ¿cómo debe instrumentarse tal articulación?...” (Orler, 2009, pag. 136). ¿De qué modo asumen los actores y las instituciones académicas la articulación entre docencia e investigación?, ¿de qué modo ocurren y concurren esas dos actividades centrales de la universidad actual?, ¿cómo se relacionan ―se añaden, se enriquecen, se complementan, se superponen, se oponen, compiten y se tensan―?, ¿cuáles han sido sus conformaciones históricas y qué tradiciones las informan?, ¿qué contornos toma la articulación de ambas en relación —siempre ardua y compleja— con las políticas educativas?, constituyen interrogantes vertebradores de nuestro objeto de estudio, que complementan su despliegue distintivo en referencia al específico campo disciplinar:¿de qué modo todo esto se verifica en el particular campo del Derecho?. Interrogantes que deben explorarse, sin dejar de considerar la esencial asimetría entre los términos de la relación enunciada, establecida entre prácticas docentes tradicionalmente constitutivas, conformadas y desarrolladas en las propias instituciones de educación superior y al amparo de su transcurrir histórico, y unas prácticas de investigación que no encuentran su tradición universitaria sino a partir del siglo XIX —en nuestro país recién entrado el siglo XX, con las particularidades y limitaciones que iremos analizando—, que hacen de estas últimas un conglomerado novedoso y en construcción que se proyecta a las propias instituciones, características que en el campo del Derecho multiplican su significancia, dada la impronta especialmente “profesionalista” del mismo. El nuevo paradigma de producción de conocimiento, que irrumpe con sus postulados y disputas teóricas en el siglo pasado y hasta la actualidad viene intentando consolidarse en experiencias institucionales concretas, deviene trascendente y avanza en consenso generalizado obligando a replantear la propia idea de universidad, de las prácticas académicas que en su seno tienen lugar y de las relaciones que con la sociedad y el estado la misma articula, proyectando hacia el futuro nuevas peripecias y nuevos desafíos, que al interior de las Facultades de Derecho deben desde ya incorporarse a la agenda más actualizada. El presente constituye un aporte en ese sentido, en un recorrido que proponemos, con pretensiones comprensivistas, marchando por dos carriles: por un lado revisando críticamente aspectos relativos a las relaciones que dicha articulación implica en el nivel institucional ―particularidades disciplinares e institucionales, y especificidades de su desarrollo histórico y de las políticas educativas que intentan promoverla―; y por otro, recogiendo las percepciones de los propios actores en relación a sus prácticas académicas ―vivencias, estrategias individuales, representaciones― y rescatando su voz en la construcción del conocimiento. Ello debiendo tenerse presente que ambas dimensiones, objetiva y subjetiva institucional e individual, además de las complejas interacciones que producen entre sí, generan unos disímiles pero mutuamente determinantes ajustes y desajustes con relación a las políticas educativas promovidas desde el Estado Nacional, y también con relación a las emanadas de los distintos niveles del propio sistema de Educación Superior que se expresan y en el tema que nos ocupa con la mayor trascendencia en la también particular relación universidad-facultad; y a su vez todo ello superpuesto, entrecruzado y determinándose mutuamente, conformando un panorama ininteligible y de difícil decodificación Musselin (2001) habla de “configuración universitaria” resuelta en el marco de “tres polos de poder legítimo” a saber: Ministero de Educación, Universidades-Facultades, y Departamentos-Cátedras-Institutos. Efectivamente, la relación de todo el sistema universitario nacional con el Estado Nacional y sus políticas públicas específicas para el sector, diseñadas y gestionadas por el Ministerio de Educación y su Secretaría de Políticas Universitarias, va desarrollándose en coyunturas sucesivas de mayor o menor tirantez y de manera diferenciada para cada una de las instituciones actoras, pero básicamente en los tiempos que corren, en el marco de un profundo avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía universitaria inaugurado con las reformas neoliberales de los años noventa, que no por naturalizado hacia el interior de las comunidades académicas debe soslayarse. Definitivamente tales concesiones de autonomía significan a las universidades nacionales ir a la saga en generación de políticas específicas, alinearse con las dinámicas de un Estado Evaluador que impone lógicas de competencia mercantilista por provisión de fondos, y respecto de las cuales las instituciones de Educación Superior oscilan entre posicionamientos críticos firmes y esmerados acatamientos (aunque más lo último que lo primero). Asimismo y de acuerdo a lo dicho, agregando viscosidades a la caracterización que intentamos, esos ajustes y desajustes también se formulan hacia adentro del sistema universitario de modo particular en la relación -también fluctuante y plena de contradicciones- que las Facultades de Derecho que constituyen nuestras unidades de análisis mantienen con las universidades a las que pertenecen. Se trata de lo que Cox (1993) denomina en categorización bourdeusiana “campo de producción de políticas de educación superior”, entendido como espacio conflictivo, articulado por relaciones de competencia que se expresan en disputas e interese específicos, entre las unidades académicas entre sí y entre ellas con la universidad que integran. El Programa de Incentivos a docentes investigadores, y las Mayores Dedicaciones, constituyen dos formatos paradigmáticos de operacionalización de la articulación que deviene objeto de estudio de la presente Tesis, a partir de proyectos de desarrollo de pretendidos modelos de universidades productoras de conocimiento en el primer caso como política de promoción de la investigación novedosa desarrollada desde el Poder Ejecutivo, en el segundo caso como política propia del sistema de Educación Superior, de larga tradición en las universidades nacionales que se verifican como expresiones condensadas de las tensiones referidas párrafos arriba, y en relación a las cuales las unidades académicas del campo disciplinar del Derecho dan forma a su propia dinámica, en el contexto de sus culturas académicas e institucionales que involucran formas organizativas, creencias, tradiciones, y prácticas académicas específicas traccionando, empujando, y resignificándolas en su instancia de materialización y puesta en funcionamiento. Y ello porque las particularidades disciplinares e institucionales, las combinaciones diversas de ambas, y la multitud de actores que las conforman expresadas en la base del sistema en las cátedras, institutos, y departamentos en su caso se erigen en modelos específicos de interpretación de las políticas diseñadas en los niveles superiores del sistema (Clark, 1983, 1991). Nuestro abordaje pondera además de modo especial, los devenires históricos con cierta incipiente pretensión genealógica, y los contextos en que las instituciones y las disciplinas han ido conformándose, en esfuerzo por no descuidar tal dimensión de análisis no siempre presente en los estudios sobre Educación Superior. Finalmente, para nuestra labor contamos con el aporte de dos grandes líneas próximas ―aunque no necesariamente equivalentes en importancia para nuestro trabajo― como son, por un lado y de manera más general, los trabajos relativos a la articulación entre docencia e investigación en el sistema de Educación Superior que recorreremos en examen crítico; por otro una línea de investigaciones más novedosa e incipiente ―de la que no nos sentimos ajenos― que construye su objeto de estudio en torno a la producción de conocimiento científico en el campo del Derecho: qué y cómo se investiga en ese campo constituye el punto explorado. En la confluencia de estos dos itinerarios investigativos intentamos construir nuestro objeto de estudio: la articulación entre docencia e investigación en el campo del Derecho.